Los ministerios de Interior y Justicia promoverán endurecer las penas de los actuales delitos de desobediencia y de resistencia a la autoridad para "disuadir" a los manifestantes ante "incidentes callejeros" como los ocurridos en las últimas semanas en ciudades como Valencia y en los que la Policía reprimió violentamente a los manifestantes.
Pese a las continuadas cargas policiales en las protestas de estudiantes en Valencia, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insistido en su comparecencia ante la Comisión de initerior del Senado en que los policías sufrieron "vejaciones e insultos" por parte de algunos manifestantes "violentos". Por ello propondrá la reforma del Código Penal para combatir "comportamientos violentos" o "gravemente desobedientes" a las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
El objetivo, según el ministro, es que los agentes cuenten con "instrumentos jurídicos eficaces" para hacer cumplir el objetivo constitucional de garantizar una convivencia social pacífica. Para ello, el ministro ha admitido que va a haber que"hilar fino" a la hora de reformar el delito porque España, -ha dicho- es un país "muy garantista" y ha pedido que ese garantismo también sea aplicado a los agentes de seguridad.
Piden 72 años de cárcel y 108.000€ de multa por un piquete
Representantes de los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE e Hiru han comparecido esta mañana para dar a conocer la petición fiscal realizada contra un piquete informativo identificado por la Ertzaintza durante lahuelga contra las pensiones celebrada el 27 de enero de 2011. Han considerado que "no es casualidad" que la petición de la Fiscalía se produzca a una semana larga de la huelga general prevista para el 29 de marzo, y han señalado que la misma "pretende crear un clima de miedo" ante esta movilización.
Según ha explicado Iturbe, una de las imputadas, la Policía autonómica retuvo a las 18 personas que participaban en el acto "durante dos horas, impidiendo así la labor informativa del acto reivindicativo".
Los imputados prestaron posteriormente declaración ante el juez y "un año después, en vísperas de una huelga general, nos llega la petición del fiscal", que ha solicitado una pena de cárcel de tres años y nueve meses para cada uno de los imputados, además de una multa de 5.400 euros por persona y una "inhabilitación especial" durante el mismo tiempo para todos los acusados. Lo que suma en toral 72 años de cárcel y 108.000 euros de multa.
Iturbe ha indicado que el hecho de que está decisión les haya sido remitida nueve días antes de la huelga general "nos lleva a pensar que se pretende influir sobre la gente con un mensaje de miedo", más aún cuando las peticiones fiscales son realizadas "de forma no individualizada, como por ley debería, sino de manera colectiva".
"Es curioso que nos acusen a 18 personas de empujar a un trabajador que no secundaba la huelga y también que todos nosotros agujereáramos las ruedas de un vehículo, mientras que el delito que pesa sobre nosotros no es el de coacción, sino el de atentar contra los derechos de los trabajadores", ha apuntado, para añadir que el objetivo de la petición de la Fiscalía es "criminalizar todos los sectores que propongan alternativas al actual sistema económico y social".
Por ello, los sindicatos convocantes han recordado que la huelga es un derecho de todos los trabajadores, "al igual que el derecho a un trabajo digno o una vivienda en condiciones", y han solicitado que el proceso judicial abierto quede sin efecto, tanto en las cuestiones de orden penal como económicas planteadas por la Fiscalía.
Además, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración que este viernes, 23 de marzo, tendrá lugar en Gernika a las 19.00 de la tarde en solidaridad con los 18 imputados.
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