Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en Lisboa contra la reforma laboral del Gobierno luso convocados por el mayor sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP).
La protesta derivó en una marcha contra el amplio programa de ajustes adoptado por el Ejecutivo portugués, de signo conservador, y que supera incluso las medidas pactadas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como contrapartida por su ayuda financiera.
La CGTP, de orientación comunista, estimó que la manifestación de hoy reunió a cerca de 300.000 personas y la consideró la mayor protesta celebrada en la capital lusa de los últimos 32 años.
El proyecto de reforma laboral del Gobierno luso fue acordado a mediados de enero con la patronal y el segundo mayor sindicato luso, la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista), pero con la oposición de la CGTP, que considera que el texto supone un “regreso al feudalismo”.
La nueva legislación incluye la reducción de vacaciones hasta 22 días laborables (eliminando el “premio” de tres días libres más que daban algunas empresas en caso de no faltar a trabajar en todo el año), la supresión de festivos (entre tres y cuatro) y una rebaja del pago de horas extras.
También se recortan significativamente las indemnizaciones por despido, que pasan de 30 días por año trabajado a entre 8 y 12 días. El proyecto no recoge, sin embargo, la ampliación en media hora diaria de la jornada laboral, tal y como tenía previsto inicialmente el Gobierno.
La protesta de hoy obligó a cerrar el tráfico y recorrió desde el centro de Lisboa hasta la plaza del Comercio lisboeta, a orillas del río Tajo, adonde llegaron los sindicalistas con sus pancartas y consignas contrarias a las medidas de austeridad.
El aumento de los precios del transporte público, el incremento de las tasas a pagar por la sanidad pública -que en Portugal es de copago-, la subida generalizada de impuestos e incluso la supresión de las circunscripciones municipales fueron también objeto de sus protestas.
Algunos de los manifestantes portaron carteles con la imagen de Zé Povinho -un personaje satírico portugués creado a finales del siglo XIX- haciendo un corte de mangas, dirigido en esta ocasión a la privatización de los servicios públicos y a la ampliación de los horarios de trabajo.
Una vez en la plaza de Comercio, el secretario general de la CGTP, António Carlos -recién elegido para el cargo-, tomó la palabra para prometer que la central sindical “luchará” contra esta reforma laboral. En su intervención, exigió al Ejecutivo la actualización del salario mínimo, establecido ahora en 485 euros mensuales, cantidad que según sus datos reciben cerca de 400.000 trabajadores portugueses.
“Si tenemos en cuenta el 11 por ciento que cada empleado descuenta para la Seguridad Social, el salario líquido se queda en 432 euros, cuando el umbral de la pobreza se sitúa en 434 euros”, denunció el sindicalista.
En declaraciones a los periodistas nada más cerrar el acto, António Carlos no descartó la posibilidad de que la CGTP convoque una nueva huelga general -la última fue en noviembre del año pasado- y se limitó a señalar que ahora mismo están “todas las posibilidades abiertas”.
La liberalización del mercado de trabajo es uno de los puntos que figura en el memorándum firmado por las autoridades lusas con la UE y el FMI en mayo de 2011 a cambio del rescate financiero, que se concretó en un préstamo de 78.000 millones de euros.
Portugal siguió el mismo camino que Grecia e Irlanda y acabó por recurrir a la ayuda externa debido a la asfixiante presión que ejercen los mercados sobre su deuda desde finales de 2010, síntoma de las dudas que despierta su situación económica en medio de la crisis que afecta a toda Europa.
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